El reto es que los jueces garanticen nuestros derechos ciudadanos, eviten la tiranía y los abusos del poder del Estado. No debemos permitir que regresen los tiempos donde el monarca podía ser legislador y juez al mismo tiempo
Una característica del Estado moderno es el establecimiento de órganos emanados del poder estatal especializados en la impartición de justicia. En palabras del doctor en Derecho, Eber Betanzos, los jueces son personas que han sido dotadas de imperio jurídico por una organización política estatal para dirimir una controversia a través de una sentencia con fuerza vinculativa legal para las partes en un conflicto.
En la actualidad persiste el desafío de salvaguardar la autonomía de los jueces respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, aún más, de limitar la influencia de intereses particulares en la impartición de justicia. Cualquiera de estas dos interferencias socava la noción de justicia, por lo que no se debe permitir que se privilegien intereses particulares por encima del principio de legalidad.
Si este es el fin, entonces, ¿cuál es el mejor método para nombrar jueces imparciales y autónomos? Uno de los mecanismos que ha resultado eficaz es la selección de juristas que resulten de concursos que evalúan conocimientos, experiencia y méritos profesionales. El nombramiento de un juez implica la institucionalización de la defensa legal, la esperanza de consolidar una sociedad donde los conflictos se resuelvan con la razón, de la forma más objetiva, y donde se garantice una vida en paz y tranquilidad.
La selección de jueces no es un asunto menor. Learned Hand, quien fue uno de los mejores y más famosos jueces estadounidenses, solía decir que le temía más a un juicio que a la muerte o a los impuestos. Lo anterior coincide con Ronald Dworkin, en el sentido de que las personas pueden ganar o perder más por la decisión de un Juez, que por cualquier acto general del Congreso o el Parlamento.
Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación seleccionó a tres mujeres y tres hombres para ocupar dos vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La terna de mujeres la componen Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada de la Sala Regional Toluca; Gabriela Villafuerte Coello, exmagistrada de la Sala Regional Especializada del TEPJF; y Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Regional Monterrey. Por su parte, la terna de hombres quedó integrada por Rubén Jesús Lara Patrón, presidente de la Sala Especializada del TEPJF; Francisco Javier Sandoval López, magistrado federal de carrera judicial integrante de Tribunal Colegiado de Circuito; y Armando Ismael Maitret Hernández, expresidente de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 constitucional esas ternas se enviarán al Senado de la República para que sean elegidos solo dos perfiles, una mujer y un hombre, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. El método no es el mismo para seleccionar a todos los jueces del país. En este caso para el nombramiento de los jueces intervienen dos poderes del Estado: el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Me parece que la Corte cumplió su papel republicano al privilegiar los conocimientos especializados, la experiencia jurisdiccional y los méritos profesionales de los seis seleccionados. Hacemos votos para que el Poder Legislativo cumpla de la misma forma en que lo hizo la Corte, pensando en los mejores candidatos y no en los que se puedan someter a sus intereses políticos.
El reto es que los jueces garanticen nuestros derechos ciudadanos, eviten la tiranía y los abusos del poder del Estado. No debemos permitir que regresen los tiempos donde el monarca podía ser legislador y juez al mismo tiempo. El Poder Judicial juega un papel fundamental y definitivo para el futuro de México.