La senadora Guadalupe Murguía Gutiérez indicó que con la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, el gobierno federal tiene como objetivo incrementar la recaudación del impuesto predial y de todos los impuestos inmobiliarios a través de la actualización de los valores catastrales.
Con el pretexto de homologar, armonizar y modernizar los registros públicos de la propiedad, la Federación utiliza la expedición de esta nueva ley para invadir atribuciones y facultades que corresponden al ámbito local, sostuvo, lo cual tendrá como consecuencia un incremento en las rentas de quienes tengan el carácter de inquilinos.
Durante la discusión en lo general del dictamen respectivo, la senadora panista resaltó que esta propuesta presidencial establece dos plataformas nacionales, una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral, así como el uso obligatorio de Llave Mx para gestionar trámites digitales.
De igual forma, expresó que la reforma para que el Congreso de la Unión pudiera legislar en esta materia se hizo en 2013, y que en el artículo transitorio segundo se estableció que para ello se debe pedir previamente la opinión de las entidades federativas, lo cual no sucedió.
No consta en la exposición de motivos ni hay evidencia de que el gobierno federal lo haya hecho, ni que diputados o senadores hubieran procedido a esta consulta, apuntó.
La senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía, agregó que la reforma de 2013 faculta al Congreso a armonizar y homologar la organización y funcionamiento de los registros inmobiliarios, “pero no se faculta a la Federación a asumir esta función”, en sustitución de los sistemas locales.
Sin embargo, destacó que con la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral se otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependiente del Ejecutivo Federal, la facultad de crear obligaciones a estados y municipios mediante lineamientos, modelos y planes, lo cual vulnera el Federalismo.
Lo anterior, consideró, significa un centralismo excesivo y una grave concentración de información, que lleva a preguntarse qué destino le va a dar la Agencia de Transformación Digital y qué va a hacer con ella, sobre todo cuando la nueva legislación le confiere la facultad de crear un módulo general de gestión del impuesto predial.
Y aunque se establece que habrá medidas de protección para los datos personales y la seguridad de la información, la senadora subrayó que no basta con decirlo, se requieren límites verificables y pidió responder los siguientes cuestionamientos: ¿Para qué quieren la información? ¿Con qué finalidad? ¿Quién puede consultarlo? ¿Y cómo se impugnan los datos erróneos?
“El catastro no es una función federal, es una función en la cual las legislaturas de los estados o la delegan a los municipios o se la asignan a los estados, como es el caso de Querétaro, de Nuevo León y de Aguascalientes”, advirtió.
También expuso que el Plan Nacional Catastral que prevé la nueva legislación dependerá de la disponibilidad presupuestaria, pero no habrá recursos para implementarlo ni en este presupuesto ni en el siguiente, lo que resulta absurdo, toda vez que hay que mantener la cartografía actualizada, incorporar plataformas digitales, implementar la llave MX y capacitar a las autoridades, pero sin recursos.
Por todo lo anterior, el voto de las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional fue en contra.